Se acaba de designar el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. El esperado organismo de control viene a resolver una ausencia ostensible que varias veces formó parte de los reclamos de la Auditoria General de la Nación.
El formato que vio la luz es bastante numeroso y cuenta con una presencia protagónica de los gobernadores a través de los funcionarios que ellos designen para integrarlos en distintas posiciones, al igual que los Ministerios nacionales relacionados con el tema. Además, contará con una comisión asesora con representantes de sectores involucrados, particularmente los usuarios privados
El nuevo Ente recoge las experiencias de la gestión iniciada desde principios del 2020 por la gestión en transporte a cargo de Mario Meoni. En esa etapa, desde el Consejo Federal de Hidrovía y ante la opinión pública se expusieron posiciones enfrentadas, muchas de ellas llegaron a expresar que el tipo de administración que se planteaba para la vía navegable constituía una afrenta a la soberanía nacional.
También el dragado recibió fuertes cuestionamientos por sectores ambientalistas que han dado cuenta en los últimos pronunciamientos de síntomas importantes de ceguera cognitiva con eslóganes vacíos y poca evidencia científica.
Pero el centro de la cuestión sigue siendo el esquema virtuoso del decreto 949 que considera que las obras deben ser concesionadas, financiadas por el peaje a cargo de los usuarios de manera directa al operador e indica que el flamante Ente debe actuar en ese sentido.
A su vez, entre la vorágine argumentativa, apareció el rol del Estado con posiciones exacerbadas en relación con los controles y otras cuestiones como la forma de recibir y cancelar los pagos del peaje o directamente la voluntad extrema de estatizar la administración del rio Paraná.
Sin duda estos temas reaparecerán y se agregarán otros más, entre ellos, nuevas pugnas sectoriales e inclusive regionales resultado del cambio de época y la aparición de nuevos actores. De una hidrovía mayoritariamente al servicio de bulk carriers que transportan granos y subproductos con servicios direccionados mayoritariamente a la agroexportación, a la presencia creciente de portacontenedores, auteros, gaseros, barcos de combustible, cruceros etc. que requieren esquemas normativos diferentes.
Es natural por ello que existan nuevos actores que se sumen al debate que durante mucho tiempo monopolizó la zona Rosafe y la Bolsa de Comercio de Rosario en un contexto signado por un cambio de época con la irrupción del Consenso de Washington donde la legislación ambiental era incipiente y predominaban las políticas desregulatorias que así como dieron lugar la ley de puertos que arrojo resultados importantes en términos de inversiones en paralelo la corriente en boga desmontó casi toda la legislación de fomento para la actividad fluviomarítima.
Es lógico que existan nuevos actores que se sumen al debate, donde una expresión novedosa es el protagonismo que están asumiendo las regiones o ciudades puertos que imbrican sus reclamos con la necesidad de un nuevo modelo productivo vinculado a lo verde y la agenda ecológica.
Por otro lado, los gremios marítimos, los armadores nacionales y la industria naval expresarán sus opiniones al calor de las actividades que desarrollará el Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable que para algunos referentes de las provincias no debe limitarse a licitar sino también a construir una gobernanza que lleve a la Hidrovía a una función de impulsora del desarrollo.
Es casi seguro que la sede del nuevo organismo se aloje en la vieja estación del Ferrocarril Central Córdoba en el sur rosarino, muy cerca de la cancha del club Central Córdoba en el que supo deslumbrar con la redonda el recordado Trinche Carlovich.
