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domingo, mayo 22, 2022
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Un clásico argentino: no tener políticas de estado y lamentarse por ello (Primera Entrega)

El transporte y la logística en Argentina casi no figuran en ninguna agenda pública y tanto los gobiernos como los partidos políticos han dedicado poco tiempo a estos temas, especialmente al transporte por agua.  

La Argentina es un país privilegiado por su litoral fluvial y marítimo sin embargo, se piensa y actúa como país mediterráneo. Es que hemos vivido años de espaldas a ríos y mares, esos verdaderos privilegios aportados por la naturaleza. 

Es difícil entender cómo un  país con un extenso territorio, alejado de  los  principales mercados compradores, que  para salir de su decadencia tiene en el comercio exterior una estupenda oportunidad, no haya  encomendado  un tema tan  importante como la elaboración de estudios de base y  formulación de políticas eficaces y operativas a un conjunto de especialistas  con capacidad de elaborar un plan logístico integral y ocuparse de su seguimiento. 

Este sinsentido que se nota en la carencia de brújula de planes y proyectos en relación a todos los modos de transporte no es atribuible a este gobierno solamente, es parte de los clásicos argentinos, carecer de políticas de Estado y lamentarse por ello.

En el caso del transporte por agua, el sector encontró temporariamente algún espacio en la opinión ciudadana a partir de los debates que generó el fin de la concesión del dragado de la Hidrovía. Lamentablemente, mas allá de algunas excepciones la discusión resultó polarizada desde lo ideológico y no salió de algunos círculos donde el tratamiento evidenció desconocimiento, tergiversación y en algunos casos una vergonzante ignorancia.

Lo cierto es que en materia de transporte y la logística, desde hace décadas escasean las buenas noticias y solo esporádicamente aparecen iniciativas desde distintos niveles del Estado de manera desordenada que a la larga  se van perdiendo en el tiempo lo cual resulta paradójico.

Si algo hizo la pandemia, fue poner a la logística, como nunca antes, en los primeros planos de los temas estructurales y si bien despertó algunas inquietudes importantes en relación al multimodalismo como la iniciativa  generada por Aimas; otras, surgidas del Ministerio de Transporte, necesitan continuidad para evitar que caigan en el olvido. 

Desde un pensamiento constructivo, hay que confiar en que algunas cosas se pueden hacer bien y sobre todo las que se emprenden en la interacción público privada. Confiar y participar implica reducir la lógica amigo enemigo, que posterga las posibilidades de reducir  las grietas y erradicar   las disputas irreconciliables 

El primer punto a abordar es el orden de las prioridades y el de los recursos humanos disponibles: En el contexto actual del país actores provenientes del sector privado con importante experiencia acumulada, manifiesta su voluntad de contribuir en colaborar en la planificación de acciones a seguir, de manera voluntaria y desinteresada, obviamente sin interferir en las tareas ni del Ministerio ni del Órgano Nacional  de Control y Gestión de la  Vía Navegable.

Este es un punto muy importante ya que, producto quizá de la pandemia y los desentendimientos, han puesto al país en emergencia y en ese contexto, voces muy calificadas pueden ser de gran utilidad. 

En el  caso de la Hidrovía  que desde Smart River venimos siguiendo con detenimiento,  hemos advertido que a falta de una visión nacional y federal medianamente consensuada con los sectores de usuarios privados iban a aparecer   intereses políticos, económicos y regionales  que vienen conformando escenarios en pugna que, de no mediar algunos acuerdos básicos  van a agudizarse con resultados que quizá no permitan arribar a los mejores resultados.

 La lógica indica que un numero razonable de especialistas podrían estar a cargo de manera inmediata de un relevamiento de las cuestiones logísticas generales y en un plazo corto encuadrar el orden de las prioridades.

En cuanto al transporte, la cuestión de la Hidrovía debe ser por su importancia un tema prioritario, entendiendo que no puede ser tratado de manera separada del modo ferroviario y el modo automotor.

Para la Hidrovía, es necesario trabajar ordenadamente dentro de la institucionalidad que se viene desplegando, el rol  de la AGP que hasta el momento no ha generado criticas significativas  debe mantener el buen nivel de diálogo que ha tenido y sus acciones deben ser publicitadas para generar certidumbres. 

Sus autoridades han mantenido un vínculo con el sector privado correcto y participativo. Ahora falta darle velocidad a la gestión para afirmar la  seguridad jurídica que requieren  los contratos del dragado y se produzca la rápida constitución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

Esta instancia es muy importante porque en el DNU que crea el Ente que tendrá sede en  Rosario se incluyen las acciones que forman parte del  decreto 949 que define  un esquema básico de  Licitación pública del operador, el peaje a cargo de los usuarios y pagado de manera directa al dragador. 

Creemos firmemente en la interacción público y privada y vemos como muy significativo un reparto justo entre las contribuciones, los beneficios que reciba cada región o realice cada sector interesado, dado que gran parte de la salida de nuestras exportaciones depende de esta infraestructura.

Para ello, la defensa de la regionalidad es central, pero esto no debe significar confrontaciones sucesivas donde cada participante, sea  Nación, provincia, región o ciudad vea a los otros protagonistas de ese universo como una arena de combate.

Por ende, nuestro enfoque tiene que ver primero con el interés general, enfocado en la región, sus productores, sus comerciantes e industriales y sus instituciones representativas sumado a la ciencia, técnica y el sistema educativo generando sinergias para impulsar políticas publicas que expandan el interés general. 

Sin embargo nos interesa señalar otras dos cuestiones fundamentales que iremos desgranando en Smart River: la metodología de trabajo del órgano de control a la hora de redactar el pliego de bases y condiciones y cuáles serán los mecanismos que permitan encarrilar las pugnas políticas, regionales, cuestiones ambientales y las que vayan surgiendo  en la medida en se vayan presentando.

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