El anuncio del Presidente Alberto Fernández y del Gobernador, Axel Kicillof referido al llamado a licitación para la apertura del Canal Magdalena en el Rio de la Plata ha hecho resurgir una pugnicidad que creíamos superada. Sin embargo se ha abierto una nueva polémica sobre la finalización del gobierno del Frente de Todos. Según la disposición del Ministerio de Transporte de la Nación plasmado en la resolución 2023-226-APN-MTR se iniciará una obra de U$S 250.000.000.
No hay duda que cualquier mejora en la logística de las vías navegables es positiva, sin embargo en una colosal crisis económica como la que transita la Argentina es imperioso analizar la conveniencia de las inversiones a realizar.
La primera cuestión es la irresponsabilidad de las autoridades para malgastar recursos en una obra cara y discutible pasando por alto un informe técnico de una reputada consultora nacional en el que se comunica que se licitarán las obras en el Canal Magdalena, que se venían anunciando desde hace tiempo.
Las justificaciones para llevar adelante el dragado del canal Magdalena se encuentran plagadas de falsedades. Muchas voces afines al oficialismo han denunciado la obligación de pedir autorización a Uruguay para ingresar a nuestras aguas. Sin embargo desde hace décadas estos controles los realiza el CONTRASE (Sistema de Control de Tráfico y Seguridad) de nuestra Prefectura, en virtud de lo que dispone el tratado del Río de la Plata.
Recorrido de buques a través del Canal Magdalena
Por otro lado, es imposible por la gran cantidad de barcos que deberían ingresar a Montevideo entrando y saliendo cada año además de agregarle la exigencia de pagar peaje a las autoridades uruguayas.
Lo más grave es que el mismo gobernador Kicillof, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias 2023, señaló los mismos argumentos para justificar el dragado del Canal Magdalena al que define como un acto de soberanía, engañando a la ciudadanía y poniendo a la hermana República Oriental del Uruguay en una posición de dominio y abuso de poder que no tiene, generando malestar hacia ese país.
Se ha proyectado un canal a un costo de U$S 250.000.000 a cargo del erario público, un costo que pagaremos todos los argentinos, mientras que las obras de dragado del resto de los canales se han realizado por medio del sistema de cobro de peaje a los usuarios de esas vías.
Se incrementarán los costos de flete para las exportaciones argentinas porque habrá que mantener el dragado de los canales existentes y del nuevo canal Magdalena.
Asimismo, se ha proyectado un Canal que dice ser doble vía pero que se conectará con los canales existentes de una sola vía, con lo cual no soluciona los problemas de tráfico tal como se argumenta.
Existen infinidad de cuestiones técnicas basadas en estudios que no recomiendan la obra (tasa de sedimentación, corrientes cruzadas al canal, disponibilidad futura de servicios para barcos desde la costa argentina que hoy no existen y que no podrán competir con los servicios ya afincados en Uruguay, etc.). A todo esto debe sumarse que, de cumplirse con el cronograma previsto, los usuarios tendrán que pagar, como ya mencionamos más arriba, un peaje mayor por la sola necesidad de mantener dos canales, Magdalena y Punta Indio. Mientras tanto, los productores verán disminuída su rentabilidad ya que estarán recuperándose de las pérdidas ocasionadas por la sequía.
El canal Magdalena no es una obra ni fundamental, ni soberana y no pagará gran parte de la deuda externa como se ha dicho desde el gobierno. Para defender nuestras vías navegables y adecuarlas al futuro es necesario invertir recursos en un proyecto que garantice el desarrollo económico de nuestro país.
